Título VI, Capítulo I. Disposiciones generales

§Artículo 158. Desprotección de la infancia y la adolescencia y vulnerabilidad a la desprotección

1. La desprotección es la situación en la que se encuentra la persona menor a consecuencia del incumplimiento o del inadecuado o imposible cumplimiento de los deberes de crianza que recaen en las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras o guardadoras. Se puede encontrar en situación de riesgo o de desamparo, en función de la gravedad de tal situación, en aplicación de los artículos 176 y 177 de esta ley respecto de la situación de riesgo, y 187 y 188 de la misma ley con relación a la situación de desamparo.

2. La situación de desprotección puede traer causa de cualquier forma de violencia de las contempladas en el título anterior, cuando se produzcan en el medio familiar convivencial o fuera de él con el conocimiento, consentimiento o tolerancia de las representantes y los representantes legales o de las personas acogedoras y guardadoras, y siempre que determinen que la persona menor se encuentra desprotegida. Asimismo, puede traer causa de otras situaciones no constitutivas de violencia en las que las circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos determinen que la persona menor se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos.

3. La vulnerabilidad a la desprotección, en el marco de la presente ley, es la situación en la que, a pesar de observarse una atención adecuada a las necesidades de la persona menor, existen dificultades personales, familiares o sociales que implican vulnerabilidad a tal situación y, en consecuencia, podría aparecer en el futuro una situación de desprotección en los términos definidos en los apartados anteriores.

§Artículo 159. Protección a la infancia y la adolescencia

A efectos de la presente ley, la protección de las personas menores de edad por los poderes públicos comprende el conjunto de medidas y actuaciones dirigidas a prevenir y detectar las situaciones referidas en el artículo anterior y a atender y proteger a la infancia y la adolescencia en tales situaciones, así como, si procede, las actuaciones dirigidas a su recuperación integral, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados a tal fin, incluido, en su caso, el ejercicio de la guarda y, en los supuestos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley.

§Artículo 160. Deber de corresponsabilidad en la prevención, detección y protección de la situación de desprotección

1. En virtud del deber de corresponsabilidad establecido en el artículo 5 de esta ley, y sin perjuicio del deber básico de atención, protección, crianza y cuidado que recae en las representantes y los representantes legales, personas acogedoras o guardadoras, la prevención de las situaciones de desprotección y la intervención en caso de que ocurran tales situaciones recaen, asimismo, en el conjunto de la sociedad y en los poderes públicos.

2. De acuerdo con lo anterior, las administraciones públicas vascas deberán desarrollar, en sus respectivos ámbitos de competencia, tanto las funciones de prevención y detección de posibles situaciones de desprotección como las funciones de atención, una vez adoptadas por los ayuntamientos o por las diputaciones forales las medidas protectoras que correspondan.

§Artículo 161. Principios de actuación en relación con las personas menores

1. Con carácter general, las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de prevención, detección, atención y protección, respetarán el derecho a la prevalencia del interés superior de las personas menores de edad sobre cualquier otro interés legítimo concurrente, así como el derecho a ser oídas y escuchadas, en orden a asegurar la protección de sus derechos.

2. Asimismo, aplicarán en todas las actuaciones los principios contemplados en el artículo 13 de esta ley, así como los principios de actuación establecidos en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

3. Con carácter específico, las administraciones públicas vascas se ajustarán a los siguientes principios:

a) Primarán las medidas familiares sobre las institucionales o residenciales, con el fin de favorecer que la vida de la persona menor de edad se desarrolle en un entorno familiar.

b) Primarán las medidas consensuadas frente a las impuestas.

c) Primarán las medidas estables frente a las temporales.

§Artículo 162. Criterios de la actuación administrativa

1. Las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de prevención, detección, atención y protección, se ajustarán a los siguientes criterios, además de a los criterios generales establecidos en el artículo 24.5 de esta ley, a efectos de la interpretación y aplicación, en cada caso, del interés superior de la persona menor de edad:

a) Se otorgará prioridad a la acción preventiva y a la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar el desarrollo personal de la persona menor en cualquier ámbito de su vida.

b) Se fomentarán las actividades dirigidas a favorecer la integración familiar y social. Se intervendrá especialmente con familias que presenten vulnerabilidad a la desprotección o que se encuentren en situaciones de riesgo.

c) Por parte de la diputación foral que tenga a una persona menor bajo su guarda o tutela, se informará a sus representantes legales acerca de su situación, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba y siempre y cuando no resulte contrario al interés superior de la persona menor de edad.

d) En aplicación de su derecho a ser oída y escuchada, se favorecerá y facilitará la participación de la persona menor, teniendo en cuenta sus condiciones personales, en especial su edad y madurez, así como la participación de la persona o personas progenitoras en la toma de decisiones sobre las medidas y las actuaciones de posible aplicación, así como en el desarrollo correspondiente, si es en interés de la persona menor. A tal efecto, se le deberá informar a la persona menor de edad tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión.

e) Se limitarán las intervenciones administrativas a las mínimas necesarias para el ejercicio eficaz de la función protectora, y se actuará con la mayor celeridad que permitan los procedimientos.

f) Se garantizará la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurídica en la acción protectora, y se asegurará la adopción colegiada e interdisciplinar de las medidas.

g) Se garantizarán los derechos y obligaciones de las personas menores con discapacidad en relación con la aplicación de los principios contemplados en este artículo y con las medidas reguladas en este título. Se deberá promover y favorecer su crianza y convivencia en el núcleo familiar, y se facilitará su acceso a las medidas de apoyo contempladas en el marco de las actuaciones de promoción y de prevención dispuestas en la presente ley, con el fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia o segregación.

h) Se velará por que el personal que intervenga en la atención social a personas menores en situación de riesgo o de desamparo, ya sea personal de la función pública, ya sea personal de las entidades privadas concertadas, convenidas o contratadas por dichas administraciones, sea el idóneo para el desempeño de las funciones que vaya a desarrollar, y, a tales efectos, se le exigirá el cumplimento y la acreditación de los requisitos previstos en el artículo 314.2 de esta ley. Las mismas condiciones serán aplicables a las personas que intervengan en el marco de la acción voluntaria.

i) Se procurará, en toda intervención, contar con la colaboración de la persona menor y de su familia, y no interferir en su vida escolar, social o laboral.

j) Se dispondrá de programas orientados al acompañamiento, a la adaptación y a la preparación de la persona menor de edad bajo una medida de protección o un programa especializado de intervención para el tránsito a la vida adulta y la vida independiente. Se atenderá siempre a sus capacidades, características y circunstancias personales y sociales, y con especial atención a quienes presenten una discapacidad.

k) Se garantizará el carácter educativo de todas las medidas que se adopten.

l) En los procedimientos administrativos particularmente conflictivos se velará por la seguridad de las autoridades y servicios públicos y de las personas físicas, en particular aquellas que por su profesión o función estén en relación con la persona menor de edad. Las personas físicas indicadas en la presente letra podrán intervenir en los procedimientos judiciales conservando el anonimato y salvaguardando las garantías para que su aplicación no conlleve lesión de intereses legítimos, en los términos que se establezcan en la legislación procesal que resulte de aplicación.

2. De acuerdo con la exigencia de primar las medidas familiares sobre las institucionales o residenciales, ajustarán su actuación a los siguientes criterios:

a) Darán prioridad, siempre que sea posible, a la atención de las personas menores en su propia familia. Para ello, ofertarán programas de intervención familiar capaces de orientar a las representantes y los representantes legales o personas acogedoras o guardadoras cuando se aprecien déficits en el ejercicio de sus deberes de atención y cuidado. Lo anterior deberá entenderse salvo que no sea conveniente para el interés superior de la persona menor de edad, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección estables. En esos supuestos se priorizará el acogimiento familiar frente al institucional.

b) Cuando las personas menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela o guarda de una víctima de violencia de género, las actuaciones de los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar su permanencia, con independencia de su edad, con aquella, así como su protección, atención especializada y recuperación.

c) En caso necesario, se facilitará a las personas menores recursos alternativos a su propia familia que garanticen un medio idóneo para su desarrollo integral y la adecuada evolución de su personalidad, manteniendo la convivencia entre hermanos o hermanas y, si esto último no es posible, facilitando la conservación de los vínculos existentes entre los hermanos o hermanas, siempre y cuando, en ambos casos, esta relación no resulte perjudicial para una o varias de las personas menores de edad.

3. Entre los recursos alternativos a su propio núcleo familiar, se aplicarán los siguientes criterios en todos los casos en que resulte posible y adecuado para preservar el interés superior de la persona menor de edad:

a) Se arbitrarán los medios necesarios para posibilitar la convivencia con otras personas miembros de la familia.

b) Si lo anterior no es posible, la integración en otro núcleo familiar en el marco de un acogimiento familiar prevalecerá sobre un acogimiento residencial.

§Artículo 163. Órgano colegiado de valoración de la entidad pública de protección de menores

1. Las diputaciones forales dispondrán de un órgano colegiado de valoración, que deberá contar necesariamente en su composición con representación técnica multidisciplinar y especializada en los ámbitos de atención y protección a la infancia y la adolescencia.

2. Dicho órgano se configura como máximo órgano de asistencia y asesoramiento técnico en materia de atención y protección a la infancia y la adolescencia, y será el encargado de examinar, revisar y valorar el conjunto de documentos y de actuaciones y trámites practicados que conforman los expedientes administrativos de protección cuando afecten de forma relevante al interés superior de la persona menor de edad.

3. En el ejercicio de sus funciones, elevará al órgano que corresponda la propuesta técnica referente a aquellos actos que afecten de forma especialmente relevante a la persona menor de edad.

4. Las diputaciones forales elaborarán la normativa que regule la composición, organización y funciones de este órgano. Asimismo, en dicha normativa podrán detallarse, de forma pormenorizada, los actos que serán objeto de examen, revisión y valoración, y se atenderá a su especial relevancia respecto del interés superior de la persona menor de edad.

§Artículo 164. Derechos en el marco de los procedimientos de protección y de la aplicación de medidas de protección

1. En el marco de un procedimiento de protección o de la aplicación de una medida de protección, la persona menor de edad será titular de, además de los derechos contemplados en el título II de esta ley, los siguientes derechos de carácter específico:

a) A ser protegida, incluso con la oposición de las representantes y los representantes legales o de las personas acogedoras o guardadoras, una vez que se constate la situación de riesgo o de desamparo.

b) A conocer su situación personal, las medidas a adoptar, su duración y su contenido, así como los derechos que le corresponden, para lo cual se le tiene que facilitar una información veraz, continua y tan completa como sea posible a lo largo del proceso de intervención. Dicha información deberá proporcionarse en un lenguaje claro y sencillo, en un idioma que pueda entender y le sea fácilmente comprensible y en un formato accesible y adecuado a sus circunstancias personales. Se recabará el apoyo de especialistas cuando ello sea necesario.

c) A ser considerada sujeto activo en la busca y la satisfacción de sus necesidades, para lo cual debe promoverse y garantizarse, social y jurídicamente, su autonomía personal.

d) A la seguridad jurídica y emocional proporcionadas por una tramitación tan eficaz y rápida como sea posible, que impida la prolongación de las medidas de carácter provisional, evite las intromisiones en la esfera de su intimidad más allá de lo estrictamente necesario y restrinja lo mínimo imprescindible las limitaciones a su capacidad de obrar y las interferencias en su vida y en la de su familia.

e) A permanecer en su familia siempre que sea posible, para lo cual la Administración tiene el deber de aplicar todos los recursos disponibles para garantizar este derecho. En el supuesto de haber sido separada de la familia, se tiene que considerar el retorno a la misma cuando las circunstancias lo permitan, y, si no es viable, se le tiene que incorporar tan pronto como sea posible a otro núcleo familiar, con el derecho a mantener contactos con la familia de origen y con otras personas allegadas, siempre que eso no interfiera o perjudique la finalidad protectora o resulte contrario al interés superior de la persona menor de edad.

f) A disponer de los medios que faciliten su integración social desde el respeto a su identidad cultural y de idioma.

g) A que su familia reciba la ayuda y el apoyo suficientes para que la pueda atender en condiciones mínimas adecuadas.

h) A relacionarse directamente con el Ministerio Fiscal y con las personas profesionales responsables técnicas y administrativas de su protección, en especial con la persona profesional de referencia, responsable de garantizar la coherencia, integralidad y continuidad del itinerario de atención y protección y la coordinación del proceso de intervención.

i) A tener acceso a su expediente de protección para el ejercicio y la defensa de sus derechos e intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en los casos en que se deniegue este acceso para la salvaguarda de su interés superior.

2. Cuando la persona menor alcance la mayoría de edad podrá ejercer el derecho de acceso a su expediente de protección sin más limitaciones que las que deriven de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

3. En todo caso, con carácter previo al ejercicio efectivo de este derecho de acceso deberá recibir, por parte de la administración pública titular del expediente, asesoramiento especializado por profesionales cualificadas o cualificados en materia de protección a la infancia y la adolescencia que le ayuden a comprender y asimilar, de forma global, el alcance y el significado de la posible información que contenga el expediente, incluidas sus consecuencias y efectos.

4. En los mismos términos, la persona interesada podrá recabar el acompañamiento, el apoyo y la orientación de dicho personal durante el acceso al contenido del expediente.

5. Las representantes y los representantes legales o, en su caso, las personas acogedoras y guardadoras, así como todas las personas que puedan resultar afectadas específicamente por la decisión que se adopte en un procedimiento relacionado con actuaciones de protección, son titulares de un derecho o un interés legítimo, y, consecuentemente con ello, son interesadas en el procedimiento.

6. A tal efecto, podrán actuar por medio de representante; en este caso, se entenderán con esta persona las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra de la persona interesada.

7. La acreditación de la representación podrá realizarse por cualquiera de los medios que prevé el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

§Artículo 165. Entidades colaboradoras de integración familiar

1. Se consideran entidades colaboradoras de integración familiar las que desarrollan actividades en el ámbito de la protección dirigidas a personas menores en situación de vulnerabilidad a la desprotección o en situación de desprotección, así como a personas menores víctimas de violencia, cuando hayan sido expresamente homologadas al efecto.

2. La homologación de estas entidades corresponderá a las diputaciones forales, en el ejercicio de sus competencias de prevención y protección a la infancia y la adolescencia que se encuentren en las situaciones indicadas en el apartado anterior.

3. Las funciones para las que pueden ser homologadas las entidades colaboradoras de integración familiar son las siguientes:

a) Guarda de personas menores en el marco del acogimiento residencial.

b) Mediación en procesos de acogimiento familiar de personas menores.

c) Asesoramiento técnico a las administraciones públicas competentes en los procedimientos de protección de personas menores.

d) Valoración de las competencias parentales y educación en dichas competencias.

e) Intervención socioeducativa y psicosocial.

4. Para ser homologadas, las entidades de integración familiar deberán estar registradas en el registro de servicios sociales que corresponda en cada caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, y en su normativa de desarrollo que resulte de pertinente aplicación. En todo caso, deberá constar en sus estatutos que tienen entre sus finalidades la protección de la infancia y la adolescencia.

5. La homologación quedará reservada a las entidades que cumplan los requisitos que, para cada uno de los ámbitos referidos en el apartado 3 de este artículo, se determinen reglamentariamente, y que en todo caso deberán contemplar:

a) La existencia de los medios materiales y de los equipos profesionales pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas.

b) La idoneidad del personal, profesional o voluntario, para el desarrollo de las funciones asignadas, en los términos indicados en el artículo 314 de esta ley.