Magistrado/a de enlace ante las autoridades competentes del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 29/2022, de 21 de diciembre, por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, corresponde a la persona titular del Ministerio de Justicia, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el nombramiento de los Magistrados de enlace. Resulta además de aplicación el Real Decreto 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del personal del Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción en el exterior en materia de justicia, que establece que la convocatoria de los puestos de las magistraturas de enlace será aprobada por resolución de la Secretaría de Estado de Justicia y publicada en el «Boletín Oficial del Estado». En ejercicio de dicha facultad, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes resuelve convocar la provisión de la plaza de Magistrado/a de Enlace ante las autoridades competentes del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con acreditación extendida ante las autoridades competentes de la República de Irlanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 242/2019, de 5 de abril, y con arreglo a las siguientes Bases Primera. Descripción de la plaza convocada. La plaza de Magistrado/a de enlace ante las autoridades competentes del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con acreditación extendida ante las autoridades competentes de la República de Irlanda, tiene su ubicación en Londres y lleva aparejada, entre otras, el desempeño de las siguientes funciones: a) Promover y facilitar la cooperación judicial en materia civil y penal entre España y el Reino Unido, así como entre España e Irlanda. b) Apoyar a las autoridades judiciales competentes en la redacción y ejecución de solicitudes de auxilio judicial internacional. c) Colaborar con la autoridad central española y con las autoridades judiciales españolas cuando sea requerido/a. d) Promover y reforzar las relaciones con la autoridad central y las autoridades judiciales competentes del Reino Unido y de Irlanda. e) Prestar apoyo a las iniciativas y actividades promovidas por los órganos superiores y directivos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y, por indicación de dicho Departamento, a las de las otras instituciones del sector Justicia. f) Remitir al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes informes periódicos sobre las actividades desarrolladas siempre que resulte necesario y, al menos, una vez al trimestre. El mandato de la persona designada tendrá una duración de cinco años desde la ocupación efectiva del puesto, prorrogables por resolución motivada de la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hasta un máximo de dos años, atendiendo a razones de especial competencia en el desempeño del puesto, o a la terminación de proyectos en curso. El período mínimo de permanencia en el puesto será de dos años desde la ocupación efectiva del puesto de trabajo. Segunda. Requisitos de participación. Podrán participar en esta convocatoria quienes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan los requisitos que seguidamente se detallan: a) Pertenecer a la carrera judicial o a la carrera fiscal. b) Tener al menos diez años de antigüedad en la carrera correspondiente. c) Acreditar dominio del idioma inglés, tanto activo como pasivo, oral y escrito. d) Acreditar la formación, el conocimiento y la experiencia en cooperación jurídica internacional en materia penal. Asimismo, se valorará: e) La formación y experiencia en materia de cooperación judicial internacional en materia civil. f) El conocimiento de los ordenamientos jurídicos de los países de destino. g) La experiencia de los candidatos en proyectos internacionales de cooperación al desarrollo y en otras actividades internacionales relacionadas con el sector justicia. h) Cualquier otra actividad relevante que guarde relación con las funciones del puesto. Tercera. Difusión de la convocatoria y presentación de solicitudes. La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la web y redes sociales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Las personas que deseen participar en la presente convocatoria deberán remitir el formulario de solicitud que figura como anexo I al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Las solicitudes se deberán presentar a través de la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: https://sede2.mjusticia.gob.es/. Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente resolución. Cuarta. Documentación. A la solicitud se acompañará un curriculum vitae en formato Europass del candidato o candidata, que recoja el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria, junto con la documentación acreditativa de los mismos. El candidato o candidata podrá asimismo exponer en su currículum cuantos méritos estime oportuno, pudiendo la comisión de selección reclamar la acreditación de los mismos en cualquier momento del procedimiento. Finalizado el plazo, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional examinará las solicitudes recibidas. Si alguna solicitud no reúne los requisitos exigidos en la presente resolución, requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que únicamente se tendrán en cuenta para la valoración los requisitos que queden debidamente acreditados. Finalizado este trámite, la Dirección General de Cooperación jurídica Internacional dará traslado de las solicitudes y la documentación aportada a los miembros de la comisión de selección. Quinta. Selección y nombramiento. Se constituirá una comisión de selección integrada por la Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, que la presidirá, un/a representante designado/a por el Consejo General del Poder Judicial y otro/a designado/a por la Fiscalía General del Estado, y cuya Secretaría ejercerá la Subdirectora General de Cooperación Jurídica Internacional. La comisión de selección examinará las solicitudes recibidas, pudiendo convocar, en su caso, a los candidatos y candidatas que estime oportuno para la celebración de una entrevista. Dicha entrevista podrá servir también para acreditar el conocimiento de los idiomas indicados en la base segunda de esta convocatoria. La comisión de selección elaborará una terna con los currículos que resulten más idóneos, en la que se procurará integrar a candidatos y candidatas de ambos sexos. La terna será elevada al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, incorporando a sus integrantes por orden alfabético. El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes nombrará mediante Orden al Magistrado o Magistrada de enlace, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La persona designada para el desempeño del puesto pasará a la situación administrativa de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial o en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Sexta. Norma final. Contra la presente resolución, y cuantos actos administrativos de ella se deriven podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Justicia en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su fecha, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. Madrid, 24 de abril de 2026.–El Secretario de Estado de Justicia, [nombre omitido]. ANEXO I Solicitud de participación en la convocatoria para la provisión de la plaza de Magistrado/a de enlace ante las autoridades competentes del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con acreditación extendida ante las autoridades competentes de la República de Irlanda