Título XI. Infracciones y sanciones administrativas

§Artículo 322. Sujetos responsables

1. La responsabilidad por la comisión de infracciones administrativas tipificadas en este capítulo se imputará a la persona física o jurídica que cometa la infracción y, solidariamente, a la persona física o jurídica titular de la entidad, recurso, centro o servicio a la que esté sujeta por una relación de dependencia o vinculación.

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley corresponda a varias personas conjuntamente responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan por su incumplimiento y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible, se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.

3. En todo caso, si dos o más personas son responsables de una infracción y no puede determinarse su grado de participación, estas personas serán solidariamente responsables a los efectos de las sanciones que se deriven.

4. Cuando la infracción haya sido cometida por el personal de los recursos de acogimiento residencial de protección a la infancia o la adolescencia, o de los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, en el ejercicio de su actividad, función o profesión, responderá solidariamente la persona que ejerza de directora o que sea responsable del recurso o centro de que se trate, por haber incumplido su deber de vigilancia para prevenir la infracción administrativa que se impute.

5. Si del procedimiento sancionador se derivan responsabilidades administrativas para representantes legales, la autoridad sancionadora deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal por si se pueden deducir responsabilidades civiles.

6. Si los hechos constitutivos de la responsabilidad administrativa pueden ser, además, tipificados como delitos en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, deberá suspenderse la tramitación del expediente sancionador hasta que se dicte la correspondiente resolución judicial.

§Artículo 323. Menores de edad responsables

1. Las personas mayores de catorce años serán también responsables por la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en este capítulo.

2. En todo caso, cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de dieciocho años responderán solidariamente con ella de la multa impuesta sus progenitores o progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras, por este orden, en razón al incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción administrativa que se impute a las personas menores de edad.

§Artículo 324. Infracciones administrativas

1. Se consideran infracciones administrativas a la presente ley todas las acciones u omisiones tipificadas en el presente capítulo.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo al interés superior de la persona menor de edad, a la importancia de los bienes jurídicos objeto de protección y a la lesión o riesgo de lesión que se derive de las conductas contempladas.

§Artículo 325. Infracciones leves

Constituye infracción leve incumplir la normativa aplicable en el ámbito de los derechos de la infancia y la adolescencia, si de ello no se derivan perjuicios físicos o psicológicos para las personas menores de edad.

§Artículo 326. Infracciones graves

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

1. Reincidir en las infracciones leves.

2. Incumplir la normativa aplicable en el ámbito de los derechos de la infancia y la adolescencia, si de ello se derivan perjuicios físicos o psicológicos para las personas menores de edad.

3. Incumplir quienes ejerzan la representación legal o, en su caso, las personas acogedoras o guardadoras el deber de velar por que una persona menor a su cargo curse de manera real y efectiva la enseñanza obligatoria, cuando dicho incumplimiento motive una inasistencia reiterada que, de acuerdo con la normativa autonómica, constituya absentismo escolar.

4. Permitir que las personas menores de edad realicen aquellas actividades que tienen prohibidas o restringidas por la presente ley, o incumplir las obligaciones que esta impone para garantizar que no accedan a contenidos o servicios que resulten perjudiciales para ellas.

5. Incumplir la obligación por parte del centro o personal sanitario de identificar al recién nacido o a la recién nacida, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

6. No escuchar las autoridades o el personal de la administración pública competente a una persona menor de edad antes de dictar una resolución, cuando su audiencia esté prevista expresamente en un procedimiento administrativo que le afecte.

7. No poner en conocimiento de la administración pública competente o de otra autoridad pública la posible situación de riesgo o de desamparo en que pueda encontrarse una persona menor de edad.

8. No poner a disposición de la administración pública competente o de otra autoridad pública, o, en su caso, de la familia, en el plazo de 24 horas, a la persona menor de edad que se encuentre abandonada, perdida o fugada de su hogar.

9. Incumplir las resoluciones administrativas que se dicten en materia de protección de personas menores o impedir su ejecución.

10. Incumplir el deber de comunicación establecido en los artículos 16, 17 y 18 de esta ley.

11. Incumplir el deber de confidencialidad y reserva respecto a los datos personales de las personas menores por parte de las personas profesionales que intervengan en su protección.

12. Proceder a la apertura de un centro o servicio por parte de las entidades titulares de aquel sin haber obtenido las autorizaciones administrativas establecidas en la presente ley, o a su cierre sin previa comunicación.

13. Incumplir la regulación específica establecida para cada tipo de centro o servicio por parte de las entidades titulares o por el personal, si de ello se derivan perjuicios físicos o psicológicos para las personas menores de edad.

14. Incumplir el deber de vigilancia específico establecido en los artículos 239 y 291 de esta ley.

15. No facilitar el tratamiento y atención que, acordes con la finalidad de los centros o servicios, correspondan a las necesidades de las personas menores, cuando de ello se deriven perjuicios físicos o psicológicos para estas.

16. Aplicar, por parte de las personas titulares, trabajadoras o colaboradoras de los centros o servicios, medidas disciplinarias o de limitación de sus derechos a las personas menores de edad, sin ajustarse o excediéndose de lo establecido en la normativa reguladora de dichos centros.

17. Percibir por parte de las personas titulares de los centros o de su personal, en concepto de precio o contraprestación por los servicios prestados, cantidades económicas que no estén autorizadas por la administración pública competente.

18. Amparar o ejercer prácticas lucrativas en centros o servicios definidos como carentes de ánimo de lucro.

19. Acoger a una persona menor de edad con la intención de su futura adopción sin la intervención de la entidad competente en materia de protección.

20. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo las funciones de inspección, seguimiento y evaluación de la administración pública competente por parte de las personas titulares o del personal de los centros o servicios objeto de tales actuaciones.

21. Destinar las ayudas y subvenciones públicas de los centros o servicios a finalidades distintas de aquellas para las que hayan sido otorgadas.

22. Impedir el acceso a los puntos de encuentro familiar, a los recursos de acogimiento residencial para la protección de personas menores o a los centros de atención socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley a las personas funcionarias que tengan encomendada su supervisión y control.

23. No atender los requerimientos que efectúen las personas funcionarias en el ejercicio de sus funciones de inspección, supervisión y control de los centros o servicios.

24. Ejercer, sin la habilitación administrativa requerida, la guarda de personas menores de edad en recursos de acogimiento residencial para la protección de personas menores o en centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo.

25. Fomentar prácticas de exclusión, discriminación o no remoción de obstáculos para la igualdad de oportunidades de personas menores de edad con discapacidad en procesos de acogimiento familiar o de adopción.

26. Realizar la actividad de intermediación en materia de adopción internacional sin estar acreditada o acreditado para ello.

27. Incumplir, por parte de los organismos acreditados para la adopción internacional, las funciones que deben ejercer de acuerdo con la normativa en materia de adopción internacional y lo estipulado en el contrato suscrito con las personas que se ofrecen para la adopción.

28. No facilitar, por parte de las personas adoptantes, a la diputación foral o al organismo de intermediación en adopción internacional la información, la documentación o la realización de las entrevistas necesarias para la elaboración de los informes de seguimiento posadoptivo exigidos por la autoridad competente del país de origen de la persona adoptada, o incumplir otras obligaciones, económicas o materiales, necesarias para que dichos informes puedan ser recibidos por tal autoridad extranjera en el tiempo y la forma requeridos.

29. No realizar, en el tiempo previsto, los trámites posadoptivos a que vengan obligadas las personas adoptantes por la legislación del país de origen de sus hijos o hijas adoptivas o la normativa autonómica.

§Artículo 327. Infracciones muy graves

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

1. Reincidir en las infracciones graves.

2. Incurrir en acciones y omisiones consistentes en infracciones graves cuando de ellas se deriven daños o perjuicios de carácter irreversible para los derechos de la persona menor de edad.

3. Entregar o recibir a una persona menor de edad eludiendo los procedimientos legales de adopción, sin que medie compensación económica, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, o intermediar en el proceso de entrega.

4. Proporcionar, quienes ejerzan la representación legal o, en su caso, las personas acogedoras o guardadoras, un trato degradante a las personas menores de edad que afecte a su dignidad, así como realizar otras actuaciones que afecten a los derechos que tienen reconocidos en la presente ley, de tal manera que les causen un perjuicio físico o psicológico.

5. Incumplir la obligación de verificar el requisito de acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, establecido en el artículo 314.2 de esta ley.

6. Dar ocupación en cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, ya sea como personal profesional, ya sea como personal voluntario, a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

7. No realizar la comunicación prevista en el artículo 314.6 de esta ley.

8. Difundir, a través de los medios de comunicación social o de cualquier otro medio que permita el acceso público, la imagen, la identidad o los datos personales de las personas menores cuando suponga una intromisión ilegítima en su honor, imagen e intimidad, aunque se cuente con su consentimiento o el de sus representantes legales.

9. No observar las reglas contenidas en la presente ley en materia de programación infantil y en materia de publicidad dirigida a personas menores de edad.

§Artículo 328. Reincidencia

A los efectos del presente régimen sancionador, existirá reincidencia cuando las personas responsables de las infracciones cometan, en el término de un año, más de una infracción de la misma naturaleza y así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

§Artículo 329. Prescripción de las infracciones

1. Las infracciones previstas en la presente ley prescribirán al año en el caso de las infracciones leves, a los tres años en el caso de las graves y a los cinco años en el caso de las infracciones muy graves.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se haya cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador, y se reanudará el plazo de prescripción si el expediente sancionador está paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona presunta responsable.

§Artículo 330. Tipos de sanciones

Las infracciones contenidas en los artículos anteriores darán lugar a la imposición de alguna o algunas de las sanciones siguientes:

a) Apercibimiento.

b) Multa.

c) Reintegro de subvenciones y extinción del convenio de colaboración formalizado al amparo de la legislación vigente en materia de subvenciones, cuando así se haya establecido en las normas reguladoras de la subvención o en las estipulaciones recogidas en el convenio de colaboración, respectivamente.

d) Prohibición de acceder a la financiación pública durante un período de hasta cinco años.

e) Cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio, por un período de hasta dos años.

f) Cierre definitivo, total o parcial, del centro o servicio.

g) Inhabilitación temporal por un período máximo de hasta cinco años de la persona física autora de la infracción o de la persona física o jurídica titular del centro o servicio para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atención a la infancia y la adolescencia o para ejercer cualquier profesión en el ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia.

h) Inhabilitación temporal por un período de entre seis y veinte años de la persona física autora de la infracción o de la persona física o jurídica titular del centro o servicio para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atención a la infancia y la adolescencia o para ejercer cualquier profesión en el ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia.

§Artículo 331. Graduación de las sanciones

Para la determinación de la cuantía de las multas y la aplicación de las demás sanciones, el órgano competente atenderá a los siguientes criterios de graduación:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

c) Cualquier tipo de discriminación que haya podido comportar la infracción.

d) La naturaleza de los perjuicios causados, atendiendo a las condiciones de madurez, edad y vulnerabilidad de las personas afectadas y a su número.

e) La extensión de los perjuicios ocasionados en el interés público.

f) La reincidencia.

g) El beneficio obtenido por la persona infractora.

h) El importe global de las subvenciones recibidas y la entidad que alcanza en los estados financieros para el caso de persona jurídica infractora y en los ingresos anuales para el caso de persona física.

i) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos realizados por la Administración.

j) La reparación espontánea de los daños causados, el cumplimiento voluntario de la legalidad o la subsanación de las deficiencias por la persona infractora a iniciativa propia, antes de la resolución del expediente sancionador.

§Artículo 332. Aplicación de las sanciones

1. Las sanciones se aplicarán de la siguiente forma:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 10.000 euros.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de cuantía comprendida entre 10.001 y 100.000 euros.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de cuantía comprendida entre 100.001 y 600.000 euros.

2. Con independencia de las multas que puedan imponerse conforme al apartado anterior, en los supuestos de infracciones graves o muy graves, y en función de las circunstancias que concurran en la infracción, la autoridad sancionadora competente podrá acordar, además, la imposición de las siguientes sanciones accesorias:

a) El reintegro de cualquier subvención que la persona infractora haya obtenido de las administraciones públicas vascas en relación con las actuaciones, actividades, conductas o hechos objeto de sanción, o la extinción del convenio de colaboración que haya suscrito con estas cuando así se haya establecido en las normas reguladoras de la subvención o en las estipulaciones recogidas en el convenio de colaboración, respectivamente.

b) La prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de las administraciones públicas vascas por un período de hasta dos años en el caso de las infracciones graves, y por un período de dos a cinco años en el caso de las infracciones muy graves.

c) El cierre total o parcial del centro o servicio por un período de hasta un año en el caso de infracciones graves, y el cierre total o parcial por un período de hasta dos años o la clausura definitiva, total o parcial, del centro o servicio en el caso de infracciones muy graves.

d) La inhabilitación temporal por un período máximo de hasta cinco años de la persona física autora de la infracción o de la persona física o jurídica titular del centro o servicio para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atención a la infancia y la adolescencia o para ejercer cualquier profesión en el ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia, en el caso de infracciones graves.

e) La inhabilitación temporal por un período de entre seis y veinte años de la persona física autora de la infracción o de la persona física o jurídica titular del centro o servicio para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atención a la infancia y la adolescencia o para ejercer cualquier profesión en el ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia, en el caso de infracciones muy graves.

§Artículo 333. Publicidad de las sanciones

1. En el caso de infracciones graves o muy graves, el órgano competente podrá acordar en la resolución del expediente sancionador la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de las sanciones impuestas, una vez que hayan adquirido firmeza. El coste de la publicación correrá a cargo de la persona o entidad sancionada.

2. Si el responsable de una infracción es un medio de comunicación social o un medio publicitario, puede acumularse como sanción la difusión pública de la resolución sancionadora por el mismo medio sancionado, en las condiciones que fije la autoridad sancionadora.

3. La publicación debe indicar los nombres, apellidos, denominación o razón social de los sujetos responsables, así como la clase y naturaleza de las infracciones.

§Artículo 334. Prescripción de las sanciones

1. Las sanciones previstas en la presente ley prescribirán a los cinco años cuando hayan sido impuestas por la comisión de infracciones muy graves, a los tres años cuando hayan sido impuestas por infracciones graves y al año si han sido impuestas por infracciones leves.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o desde que haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, y volverá a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.

§Artículo 335. Procedimiento sancionador

1. El procedimiento sancionador que tienen que aplicar los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores en las materias objeto de la presente ley es el que establece la normativa del procedimiento sancionador aplicable en los ámbitos propios de las administraciones públicas que resulten competentes en cada caso.

2. Este procedimiento se aplicará respetando el procedimiento y los principios generales en materia sancionadora establecidos por la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, así como por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

§Artículo 336. Órganos sancionadores

1. Los ayuntamientos y las diputaciones forales ejercitarán la potestad sancionadora en las materias propias de su competencia atribuidas por la presente ley, y el concreto órgano sancionador se determinará conforme a su normativa propia.

2. El Gobierno Vasco ejercitará la potestad sancionadora en las materias atribuidas a su competencia por esta ley, y dicho ejercicio recaerá en los órganos que al efecto designen los departamentos competentes en materia de sanidad, educación, servicios sociales, justicia, cultura, urbanismo, seguridad ciudadana, consumo, defensa de la persona consumidora u otros que resulten competentes, cuando la infracción se produzca en su ámbito competencial de actuación.

§Artículo 337. Medidas provisionales

1. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá, una vez iniciado este, adoptar las medidas provisionales que estime necesarias y sean proporcionadas para asegurar la eficacia de la resolución administrativa que pueda recaer, el buen fin del procedimiento, la evitación del mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.

2. En todo caso, deberán adoptarse las medidas provisionales necesarias que salvaguarden la integridad física y moral de las personas menores.