Título preliminar. Objeto, ámbito y ejes de actuación

§Artículo 1. Objeto

Es objeto de la presente ley:

a) Garantizar a todas las personas menores que residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio efectivo de los derechos y libertades que les reconoce el ordenamiento jurídico.

b) Determinar las acciones que, desde un deber de corresponsabilidad, deben desarrollar los poderes públicos vascos en los diferentes ámbitos sectoriales de la acción pública con el fin de alcanzar el objetivo establecido en el apartado precedente.

c) Definir los principios de actuación y establecer el marco competencial correspondiente al conjunto de las actuaciones de promoción, prevención, atención y protección, así como las estructuras de coordinación, colaboración y participación.

§Artículo 2. Ámbito

1. La presente ley resulta aplicable a las personas menores de edad, con independencia de su nacionalidad, origen y situación administrativa, que residan o se encuentren en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Asimismo, la presente ley será aplicable, en los supuestos y en los términos que expresamente se prevean en ella, a:

a) El concebido o la concebida, a quien se le tendrá por nacido o nacida conforme determina el Código Civil, para todos los efectos que le sean favorables.

b) Las personas mayores de edad, cuando así se prevea expresamente en esta ley o cuando antes de alcanzar la mayoría de edad hayan sido objeto de alguna de las medidas administrativas o judiciales de protección.

c) Las personas menores de edad con nacionalidad española que residan o se encuentren en el extranjero y que hayan sido objeto de alguna medida administrativa o judicial de protección previamente a su desplazamiento, cuando las diputaciones forales ostenten su tutela o guarda, o el padre, la madre o sus representantes legales residan en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Las personas menores emancipadas.

3. Quedarán sujetas a la presente ley las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que actúen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que, en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de sus actividades, adopten políticas o decisiones o realicen intervenciones que incidan en la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores de edad, o se relacionen de forma habitual con estas.

§Artículo 3. Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia

1. En el curso del procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general, consideradas estas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2022, de 30 de junio, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del órgano administrativo que la promueva, evaluará el impacto potencial de la propuesta sobre la infancia y la adolescencia, en los términos mencionados en el artículo 15.3.h) de la citada ley.

2. A tal efecto, las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a las disposiciones normativas incluirán una evaluación específica del impacto de la normativa sobre la infancia y la adolescencia, que permita medir y contrastar el cumplimiento del principio del interés superior de la persona menor de edad. Para ello, desde una perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia, analizará si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones, positivas o adversas, en el objetivo global de promoción, prevención, atención y protección del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio efectivo de sus derechos.

3. El Gobierno Vasco, a propuesta del departamento competente en materia de infancia y adolescencia, y teniendo en cuenta el conocimiento académico y la evidencia científica, aprobará normas o directrices en las que se indiquen las pautas que se deberán seguir para la realización de la evaluación de impacto en la infancia y la adolescencia y, en su caso, las normas que quedan exentas de la necesidad de hacer dicha evaluación de impacto.

4. Los proyectos de disposiciones normativas de carácter general que se elaboren en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma serán informados por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, en el sentido siguiente:

a) Verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y en las normas o directrices a las que alude el apartado anterior.

b) En su caso, si procede, realizar propuestas de mejora que ayuden o contribuyan a eliminar, minimizar o reducir las repercusiones que las decisiones adoptadas en el ámbito sectorial de que se trate puedan tener en la infancia y la adolescencia, buscando sinergias y evitando impactos negativos en el disfrute o el ejercicio de sus derechos.

5. En el caso de las disposiciones normativas promovidas por las diputaciones forales y los ayuntamientos, serán sus órganos competentes los responsables de garantizar la correcta aplicación de lo establecido en el presente artículo. En todo caso, el cumplimento de esta obligación específica se realizará en el ámbito de sus competencias de autoorganización, y sin perjuicio de su adecuación a las necesidades organizativas y funcionales que realicen en el ejercicio de sus competencias y a las especificidades formales y materiales que caracterizan a sus propias normas.

§Artículo 4. Prioridad presupuestaria

1. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán entre sus prioridades presupuestarias las actividades relacionadas con la promoción, la prevención, la atención y la protección a la infancia y la adolescencia objeto de la presente ley, en aplicación del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

2. Los presupuestos destinados a esta finalidad por las administraciones públicas vascas deberán ser suficientes y sostenidos en el tiempo, y estar claramente identificados. A tal efecto, deberán incluirse en la fase de diseño y realización de los presupuestos indicadores específicos que posibiliten un control cierto y efectivo de la inversión de recursos públicos en la promoción, la prevención, la atención y la protección a la infancia y la adolescencia.

3. Las administraciones públicas vascas deberán establecer un sistema de seguimiento que permita supervisar y evaluar la adecuación, eficacia y equidad de los recursos económicos asignados a la infancia y la adolescencia en los presupuestos, así como de su distribución para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos, y, de forma particular, para el ejercicio de las funciones y la ejecución de las medidas previstas en la presente ley que tienen encomendadas.

§Artículo 5. Deber de corresponsabilidad

1. Las actuaciones de promoción, prevención, atención y protección orientadas a garantizar el bienestar de la infancia y de la adolescencia, el ejercicio efectivo de sus derechos y la asunción de sus deberes y responsabilidades se enmarcan en un deber de corresponsabilidad que afecta a las propias personas menores, a sus familias, a los poderes públicos, a las administraciones públicas vascas, al sector privado, en especial, a las entidades del tercer sector social, y a la sociedad en su conjunto.

2. A los efectos de esta ley, las referencias que se realizan en ella a las administraciones públicas vascas comprenden también a su respectiva administración institucional y las demás entidades instrumentales adscritas o vinculadas a ellas.

3. En coherencia con el principio de transversalidad de la infancia en todas las políticas, establecido en el artículo 13.e) de esta ley, todas las administraciones públicas vascas deberán actuar, en sus respectivos ámbitos sectoriales, desde ese deber de corresponsabilidad, asumiendo las competencias y las funciones que les son atribuidas en la presente ley, con el fin de que sus políticas, estrategias y actuaciones converjan de forma articulada en las áreas de intervención correspondientes a la promoción, prevención, atención y protección, de tal forma que, sumadas, estructuren una atención integral y multisectorial a la infancia y la adolescencia.

4. Este deber de corresponsabilidad deberá alcanzar su máximo grado de eficacia en relación con las personas menores que se encuentren en situaciones o contextos de mayor vulnerabilidad; en particular, con vistas a la adopción de medidas de prevención, en los términos en que se establecen en el artículo 9 de esta ley, y, en su caso, de medidas de protección frente a situaciones de violencia o ante situaciones de desprotección.

5. Con el fin de garantizar la eficacia de esta articulación, se establecerán cauces formales y ágiles de colaboración, cooperación y coordinación interinstitucional e intersectorial, y se implantarán instrumentos técnicos y protocolos de colaboración y cooperación, en los términos contemplados en el capítulo I del título VIII de esta ley.

6. El deber de colaboración, cooperación y coordinación referido en el apartado anterior será también de aplicación a las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil, que intervengan en la implementación de las políticas públicas, en la prestación de servicios o en la aplicación de medidas en materia de promoción, prevención, atención y protección de la infancia y la adolescencia.

§Artículo 6. Conceptos

1. A los efectos de la presente ley y de sus disposiciones de desarrollo, se atenderá a los siguientes conceptos:

a) Personas menores de edad: Personas que tengan una edad inferior a la mayoría de edad establecida en el Código Civil, siempre que no hayan sido emancipadas o no hayan alcanzado la mayoría de edad en virtud de lo dispuesto en la ley personal que les sea aplicable. En el caso de las disposiciones relativas a personas en conflicto con la ley penal, la minoría de edad se entenderá referida a la establecida en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Todo ello deberá entenderse sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 171.2 de esta ley en relación con los casos en los que no sea posible establecer con seguridad la mayoría de edad de una persona.

b) Niños y niñas: Personas que se encuentren en la infancia, entendiendo por tal el período de vida comprendido entre el nacimiento y la edad de doce años.

c) Adolescentes: Personas que se encuentren en la adolescencia, entendiendo por tal el período de vida comprendido entre la edad de trece años y la mayoría de edad establecida por ley o la emancipación.

d) Concebido o concebida: Ser humano en proceso de gestación, todavía no nacido.

e) Representantes legales: Personas que tengan atribuida la patria potestad en los términos del artículo 162 del Código Civil, la tutela o el ejercicio de facultades inherentes a la tutela.

2. En el marco de la presente ley, se aludirá indistintamente a personas menores de edad o a niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, a los efectos de esta ley, las referencias contenidas en su articulado a las personas progenitoras se entenderán realizadas, indistintamente, en sentido singular o plural, atendiendo a los diversos modelos de familia que coexisten en nuestra sociedad.

3. En iguales términos, a los efectos de esta ley, las referencias contenidas en su articulado al padre o la madre se entenderán realizadas, indistintamente, en sentido singular o plural, de acuerdo con quienes sean, en cada caso concreto de que se trate, las personas progenitoras de la persona menor.

§Artículo 7. Ejes de actuación

1. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores, las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán articular sus intervenciones en torno a los siguientes ejes de actuación:

a) La promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia, del ejercicio efectivo de sus derechos y de la asunción de sus deberes.

b) La prevención, detección y atención a situaciones perjudiciales para la salud, el desarrollo educativo, el bienestar material y la inclusión social de las personas menores.

c) La prevención, detección, protección y, en su caso, recuperación integral en situaciones de violencia contra personas menores.

d) La prevención, detección y protección en situaciones de vulnerabilidad a la desprotección y en situaciones de desprotección, y, en su caso, la recuperación integral de las personas menores en dichas situaciones.

e) La prevención y la atención socioeducativa con personas menores en conflicto con la ley penal.

2. A los efectos de la presente ley, se entiende por recuperación integral el conjunto de las actuaciones dirigidas a la reparación del daño que haya podido sufrir la persona menor de edad o a la restitución de los derechos que le hayan sido vulnerados a causa de una situación de violencia, desprotección o vulnerabilidad a la desprotección.

§Artículo 8. Promoción

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por promoción el conjunto de políticas, estrategias y actuaciones orientadas a los siguientes fines:

a) Favorecer y fomentar el conocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a las personas menores, así como la asunción de sus deberes y responsabilidades.

b) Sensibilizar a la sociedad, en su conjunto, sobre tales derechos y deberes y sobre las necesidades de la población infantil y adolescente.

c) Favorecer la existencia de las condiciones necesarias y adecuadas para que el ejercicio de los derechos reconocidos a las personas menores sea posible, y para que las personas menores alcancen un desarrollo pleno y armónico.

2. Las actuaciones de promoción se regulan en el título III de esta ley.

§Artículo 9. Prevención

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por prevención el conjunto de políticas, estrategias y actuaciones que se articulan en los diferentes ámbitos de actuación para evitar la aparición de contextos, situaciones o conductas que pueden dificultar o perjudicar el adecuado desarrollo físico y psicológico de las personas menores, y, en caso de observarse su inicio, limitar su gravedad o su duración. En todo caso, el desarrollo físico y psicológico incluye las áreas emocional, cognitiva, social y afectivo-sexual.

2. En este marco se contemplan tanto la acción preventiva que, con carácter general, se desarrolla desde los diferentes ámbitos de la acción pública en relación con la población infantil y adolescente como la acción preventiva desarrollada para prevenir situaciones en las que las personas menores vean vulnerados sus derechos básicos por actos de violencia o por situaciones de desprotección.

3. En relación con la acción preventiva se desarrollarán dos tipos de estrategias:

a) Estrategias orientadas a potenciar los factores de protección, muy directamente vinculadas a las estrategias de promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia reguladas en el título III de esta ley, como, en particular, actuaciones orientadas a mejorar el estado de salud, las condiciones de vida, la autoestima, la resiliencia, la capacidad para la resolución de problemas y de conflictos o las habilidades para la gestión del estrés.

b) Estrategias orientadas a controlar, mitigar o reducir circunstancias, condiciones y factores de riesgo, ya sean sociales, económicos, institucionales, familiares o personales, evitando así que aparezcan o surjan amenazas, conductas, contextos o situaciones negativas que puedan dificultar u obstaculizar el desarrollo sano, integral, pleno y armónico de las personas menores, es decir, potencialmente perjudiciales para su bienestar; y, en caso de observarse su inicio, limitar su gravedad o su duración en el tiempo.

4. Con la finalidad de garantizar la eficacia de la acción preventiva, las administraciones públicas vascas adoptarán, en los diversos ámbitos de actuación que se establecen en los títulos IV, V, VI y VII de esta ley, instrumentos técnicos validados que, en relación con las diferentes situaciones cuya aparición o desarrollo se desea prevenir, permitan identificar indicadores de riesgo, de uno u otro tipo, que determinen la aplicación de medidas de prevención específicas respecto de las siguientes personas:

a) Subgrupos de la población infantil y adolescente que, por reunir determinadas características o encontrarse en determinadas circunstancias, presentan mayor exposición que la media de las personas de la misma edad a los factores de riesgo identificados y, por esa razón, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

b) Personas menores que presentan una condición determinada que las identifica individualmente como personas que presentan mayor vulnerabilidad a los factores de riesgo identificados.

5. Las actuaciones de prevención deberán desarrollarse desde los diferentes ámbitos sectoriales de la acción pública con incidencia en el bienestar y en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas menores, e incluirán tanto intervenciones dirigidas a prevenir y detectar situaciones perjudiciales que, por su naturaleza, sean propias de su ámbito de actuación como actuaciones dirigidas a contribuir a la prevención y detección de situaciones perjudiciales o potencialmente perjudiciales que, aunque por su naturaleza no sean propias o exclusivas de dicho ámbito, sí sean susceptibles de prevención o de detección desde aquel.

6. Las actuaciones de prevención se regulan en los títulos IV, V, VI y VII para los distintos tipos de situaciones perjudiciales a cuya prevención se orientan en cada caso.

§Artículo 10. Atención

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por atención el conjunto de políticas, estrategias y actuaciones que desarrollan las administraciones públicas vascas para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de las personas menores, así como su desarrollo integral y armónico, cuando se han producido situaciones perjudiciales no asociadas a situaciones de violencia o de desprotección, tales como:

a) La atención sanitaria, cuando se ha diagnosticado una enfermedad o un trastorno.

b) La atención educativa orientada a corregir situaciones de desescolarización, absentismo o fracaso escolar.

c) La atención de los servicios sociales, cuando es necesario adoptar medidas de intervención familiar en casos en los que se observa una necesidad de apoyo para la convivencia y para el ejercicio positivo de la parentalidad, o cuando concurren circunstancias perjudiciales para el bienestar material y la inclusión social de la infancia y la adolescencia.

2. Las actuaciones de atención se regulan, principalmente, en el título IV. No obstante, las intervenciones previstas también serán aplicables a los títulos V y VI, referidos a las situaciones de violencia contra la infancia y a las situaciones de desprotección, cuando sean necesarias para la detección, atención inmediata, protección o recuperación integral de las personas menores.

§Artículo 11. Protección contra la violencia

1. La protección frente a la violencia contra las personas menores se conforma por el conjunto de políticas, procedimientos y actuaciones de las administraciones públicas vascas que deben desarrollarse desde la prevención hasta cuando una persona menor es víctima de cualquier forma de violencia o está en riesgo de serlo, independientemente del ámbito en el que se produzca la violencia, ya sea escolar, comunitario, deportivo, familiar u otro. Las personas progenitoras recibirán el apoyo necesario en materia de protección frente a la violencia, incluyendo la prevención de esta mediante la creación de entornos seguros, para desarrollar de forma adecuada las responsabilidades parentales que tengan asumidas.

2. A los efectos de la presente ley, se entiende por violencia, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado español, toda acción, omisión o trato negligente, realizado por una persona adulta o por otra persona menor de edad, que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar y que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, especialmente la violencia digital, y del hecho de que sea ejercida de forma esporádica, habitual o continuada, o de si se produce dentro o fuera del ámbito familiar.

En todo caso, se entenderá por violencia el maltrato físico o psicológico; los castigos físicos humillantes o denigrantes; el descuido o trato negligente; las amenazas, injurias y calumnias; la explotación; la violencia sexual; las agresiones y los abusos sexuales; la corrupción; la prostitución; la explotación sexual, el acoso sexual, el acoso escolar y el ciberacoso; la mutilación genital femenina; la trata de seres humanos con cualquier fin; el matrimonio infantil; la pornografía infantil y el acceso no consentido o solicitado a la pornografía; la violencia de género; la violencia machista contra las mujeres; los delitos de odio; la extorsión sexual; la difusión pública de datos privados, lo que comprende datos de violencia sexual, así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.

3. Se entiende por violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital. En todo caso, se consideran actos de naturaleza sexual los delitos previstos en el título VIII del libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

§Artículo 12. Protección ante situaciones de desprotección

1. La situación de desprotección en la que pueda encontrarse una persona menor de edad comprende, en los términos y con el alcance que se regulan en la presente ley:

a) La situación de riesgo, en cualquiera de los niveles en el que haya sido calificada, incluidas dentro de esta las posibles situaciones de riesgo prenatal.

b) La situación de desamparo.

2. La protección ante situaciones de desprotección se conforma por el conjunto de políticas, procedimientos y actuaciones que se aplican, en el marco del sistema de protección de las personas menores de edad, cuando estas últimas se encuentran en su ámbito familiar, bien en una situación de riesgo, bien en una situación de desamparo, como consecuencia del incumplimiento o del imposible o inadecuado cumplimiento de los deberes de crianza que recaen en el padre y la madre, las representantes y los representantes legales, o las personas acogedoras y guardadoras, en los términos definidos en los artículos 176 y 187 de esta ley.