Título I. Disposiciones generales

§Artículo 13. Principios de actuación

En el ejercicio de sus competencias en promoción, prevención, atención y protección a la infancia y la adolescencia, las administraciones públicas vascas ajustarán su actuación a los siguientes principios, sin perjuicio de otros que, con carácter específico, se contemplen en otros títulos de esta ley y de los establecidos en las leyes sectoriales vigentes en los diversos ámbitos implicados:

a) Principio de garantía de derechos como eje central de las actuaciones, en virtud del cual el reconocimiento de las personas menores como sujetos de derechos, y el respeto, la promoción y la defensa de sus derechos individuales y colectivos deben situarse en el centro de todas las actuaciones y de todas las decisiones, tanto en el medio familiar y en los demás contextos de vida y relación como en el marco de los servicios a los que acceden y de los procedimientos en los que intervienen.

b) Principio de garantía de accesibilidad, en virtud del cual los poderes públicos deben arbitrar las medidas que resulten necesarias para garantizar que las personas menores con discapacidad puedan disfrutar de condiciones de accesibilidad en su vivienda, así como acceder a todos los entornos físicos públicos, de uso público o abiertos al público, en condiciones de igualdad con las demás personas. La implementación de este principio conlleva la eliminación de las barreras que impidan o dificulten el acceso, la realización de las adaptaciones y los ajustes razonables que resulten precisos, y la puesta a disposición de los instrumentos o productos de apoyo que requieran para posibilitar y facilitar su movilidad y su comunicación; en particular, servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.

c) Principio de equidad, en virtud del cual deben diseñarse e implementarse políticas universales asociadas a medidas de acción positiva, dirigidas a personas menores que se encuentren en situación de desventaja o de vulnerabilidad por cualquier causa, y orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y a romper el ciclo intergeneracional de desigualdad y discriminación. Para ello, todas las políticas que se desarrollan en esta ley deberán estar diseñadas con un enfoque interseccional.

d) Principio de relevancia del capital social de la comunidad como agente de promoción, prevención, atención y protección, en virtud del cual se considera que criar y educar es una responsabilidad colectiva, en la que deben involucrarse activamente, además de las familias y de los agentes educativos, el conjunto de los agentes sociales de la comunidad, y que las personas menores están expuestas a menos riesgos si existen estructuras comunitarias protectoras que velan por ellas, si sus familias están sólidamente ancladas en sus entornos y vinculadas con aquellos, y si reciben apoyo de una red amplia de agentes formales e informales del territorio cuando experimentan necesidades. Desde esta óptica, debe adoptarse, asimismo, un enfoque comunitario de la atención en virtud del cual se favorecerá que la prestación de los servicios públicos, cuando su naturaleza lo permita, responda a criterios de descentralización.

e) Principio de transversalidad de la infancia en todas las políticas, en cuyo marco se propugna la incorporación, en todas las políticas públicas, de un enfoque de promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, y de prevención, atención y protección frente a situaciones susceptibles de perjudicar o vulnerar tales derechos, de tal forma que, en su diseño, planificación e implementación, se tomen en consideración, de forma sistemática, las repercusiones que las decisiones adoptadas en distintos ámbitos sectoriales pueden tener en la infancia y la adolescencia, a fin de buscar sinergias y evitar impactos negativos. Para poder llevarlo a cabo, se habilitarán formaciones para diferentes profesionales con el fin de cumplir los principios de la ley y poder desarrollarlos de manera eficaz.

f) Principio de participación y ciudadanía activa, en virtud del cual se reconoce la capacidad que tienen las personas menores, en función de su edad y madurez, para conocer los problemas que les afectan y contribuir a encontrar soluciones; y, consecuentemente, participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, solidaria, sostenible y democrática.

g) Principio de enfoque intergeneracional e intercultural, en virtud del cual se propicia, mediante la eliminación de las barreras sociales, el aprendizaje conjunto y el enriquecimiento mutuo como valores necesarios para garantizar la cohesión social.

h) Principio de integralidad de las políticas, en virtud del cual las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben asegurar el pleno ejercicio de los derechos que se establecen en la presente ley, a través de políticas integrales de carácter transversal.

i) Principio de planificación interinstitucional e intersectorial, en virtud del cual, con el fin de garantizar la coherencia de la acción pública y la implementación efectiva del carácter integral de las políticas referido en la letra precedente, deben definirse los objetivos que se pretenden alcanzar; los recursos económicos estimados para ello; los indicadores geográficos, poblacionales y sociales a considerar en la valoración del grado de consecución de dichos objetivos y las medidas a arbitrar para ello desde un enfoque de transversalidad e interdisciplinariedad.

j) Principio de eficiencia, en virtud del cual debe procurarse la mejor organización y el aprovechamiento integral y racional de los recursos disponibles, tanto formales o informales como públicos o privados, que intervienen en los diversos ámbitos sectoriales, con el fin de garantizar su aplicación más eficaz a la satisfacción de las necesidades.

k) Principio de conocimiento y evaluación, en virtud del cual debe procurarse un conocimiento riguroso de la realidad social y de su evolución como base de las políticas orientadas a la infancia y la adolescencia, así como de la inversión pública realizada, mediante un control de las dotaciones presupuestarias, en los términos indicados en el artículo 4 de esta ley. Asimismo, deben evaluarse las políticas aplicadas y las planificaciones diseñadas, con el fin de valorar su nivel de implementación y el grado de eficiencia de las medidas adoptadas.

l) Principio de mejora continua, en virtud del cual debe fomentarse la mejora continua de las políticas que inciden en la infancia y la adolescencia y de la calidad de las actuaciones y de los servicios desarrollados para la promoción de sus derechos y para la prevención, la detección, la atención y la protección a personas menores ante situaciones perjudiciales para su salud, su desarrollo educativo, su bienestar material y ambiental y su inclusión social o ante situaciones de violencia y de desprotección que vulneran sus derechos.

m) Principio de multidisciplinariedad de las intervenciones, en virtud del cual debe promoverse el trabajo en equipo y la integración de las aportaciones de las personas profesionales de diversas disciplinas, con el fin de garantizar el carácter integral de la atención.

n) Principio de especialización de las personas profesionales, en virtud del cual debe garantizarse una formación especializada, inicial y continua, en materia de derechos y bienestar de la infancia y de la adolescencia tanto a las personas que intervienen en el diseño de políticas y de planificaciones que tienen un impacto en el bienestar de la infancia y la adolescencia como a las personas profesionales que, en el marco de su actividad profesional, tienen relación habitual con personas menores.

o) Principio de promoción de la parentalidad positiva o del ejercicio positivo de la parentalidad, en virtud del cual deben adoptarse medidas tendentes a promover un comportamiento del padre y la madre, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras y guardadoras fundamentado en el interés superior de la persona menor de edad y orientado a que la persona menor crezca en un entorno afectivo y sin violencia que incluya la educación en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca reconocimiento y orientación, y permita su pleno desarrollo en todos los órdenes.

p) Principio de orientación eminentemente educativa de las actuaciones y de las medidas, en todos los ámbitos de actuación, con vistas a promover las potencialidades personales de las personas menores y sus capacidades de aprendizaje, y favorecer así un desarrollo integral y armónico, la plena inclusión social y la participación activa.

q) Principio de prioridad a la promoción, la prevención y la detección precoz, en virtud del cual deben potenciarse actuaciones de promoción orientadas a favorecer el bienestar de la infancia y la adolescencia y el ejercicio efectivo de los derechos y acciones de prevención dirigidas a evitar que se produzcan situaciones que limiten, impidan o perjudiquen el ejercicio efectivo de los derechos o que los vulneren, y, en el caso de que se produzcan, a detectarlas precozmente; en particular, situaciones en las que las personas menores sean víctimas de cualquier forma de violencia o se encuentren en riesgo o en situación de desprotección.

r) Principio de garantía procedimental, en virtud del cual debe garantizarse que la toma de decisiones que afecten a personas menores se realizará mediante procedimientos reglados, no arbitrarios, eficaces, ágiles y acordes con los principios de economía procedimental, celeridad y transparencia, adaptados a las características y necesidades de la persona menor de edad, a sus circunstancias y a sus derechos, evitando las duplicidades y, en particular, situaciones que conlleven la revictimización o victimización secundaria.

s) Principio de tratamiento adecuado de la información, en virtud del cual debe garantizarse el respeto a la intimidad y a la confidencialidad de la información, tanto por parte de las administraciones públicas y de las personas que, por su cargo, profesión, oficio o actividad, accedan a información confidencial como por parte de los medios de comunicación social, con el fin de que la información que ofrezcan en ningún caso afecte al derecho de las personas menores al honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

t) Principio de perspectiva de género, en virtud del cual las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán tener en cuenta, de forma sistemática, en las políticas y acciones dirigidas a las personas menores de edad, las diferentes situaciones, condiciones, objetivos y necesidades de mujeres y hombres, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

§Artículo 14. Colaboración con la iniciativa social y mercantil

1. Los servicios prestados por entidades privadas, ya sean de iniciativa social, ya sean de carácter mercantil, en los diferentes ámbitos de la atención contemplados en la presente ley quedarán sujetos a las actuaciones de autorización, registro, homologación e inspección que se contemplen en la normativa sectorial que corresponda en cada caso.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable tanto a los servicios que se presten en recursos residenciales como cuando no requieran de ellos para su prestación.

§Artículo 15. Fomento de la iniciativa social sin ánimo de lucro

1. Las administraciones públicas vascas podrán fomentar o apoyar la prestación de servicios no contemplados en la presente ley como parte de los servicios de responsabilidad pública, así como el diseño y realización de otras actividades, cuando estos se adecuen a las orientaciones generales contempladas en la planificación estratégica de cada uno de los ámbitos de actuación, y sean desarrolladas por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, independientemente de cuál sea su forma jurídica.

2. Serán objeto de especial consideración las siguientes actividades:

a) Las actividades innovadoras y experimentales en relación con la puesta en marcha de nuevas ayudas o servicios de atención.

b) Las actividades de apoyo al servicio asociativo y de promoción de la participación ciudadana, en particular mediante el fomento del asociacionismo de personas menores.

c) Las actividades de investigación, desarrollo e innovación orientadas a la mejora de la planificación y la organización de los servicios, de la calidad de la atención y de las prácticas profesionales.

3. Las acciones de fomento podrán articularse mediante la concesión de subvenciones o el establecimiento de convenios de colaboración, que podrán tener carácter plurianual, de acuerdo en ambos casos a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de subvenciones que resulte de pertinente aplicación.

4. En el marco de sus acuerdos de colaboración con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, las administraciones públicas vascas velarán, en el ámbito de sus competencias y en el ejercicio de sus funciones de autorización, inspección y homologación, por la adecuación de las intervenciones desarrolladas y por la idoneidad del personal, profesional o voluntario, que intervenga en la atención a personas menores.

§Artículo 16. Deber de comunicación de la ciudadanía

1. Toda persona, física o jurídica, que advierta indicios o tenga sospechas de una posible situación de violencia ejercida sobre una persona menor o, en su caso, detecte una posible situación de desprotección de una persona menor de edad deberá comunicarlo, de forma inmediata, a la autoridad competente, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

2. Asimismo, esta obligación de comunicación existe cuando se advierta la existencia de contenidos disponibles en redes sociales o en Internet que constituyan una forma de violencia contra la infancia y la adolescencia.

3. Si los hechos pueden ser constitutivos de delito, deberá comunicarlo a la Ertzaintza o a la Policía local, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise.

4. En particular, si los hechos detectados son indicativos de una posible situación de desprotección, deberá comunicarlo, de forma inmediata, a los servicios sociales municipales, sin perjuicio de la posibilidad de ponerlo también en conocimiento del Ministerio Fiscal.

5. En cualquier caso, cuando tenga conocimiento de que una persona menor de edad no está escolarizada o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el período obligatorio, deberá comunicarlo a la Administración educativa, sin perjuicio de la posibilidad de ponerlo también en conocimiento de los servicios sociales.

§Artículo 17. Deber de comunicación cualificado

1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a las siguientes personas cuando, por razón de su cargo, profesión o funciones, oficio o actividad, tengan conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad o de una posible situación de desprotección de esta última:

a) Las autoridades, así como las personas empleadas públicas.

b) El personal de la Ertzaintza y de la Policía local.

c) El personal de los servicios sociales; en especial, el personal técnico que intervenga en el ámbito de la prevención y la protección de las situaciones de violencia y de desprotección que afecten a la infancia y la adolescencia.

d) El personal sanitario de los servicios de salud, públicos y privados.

e) El personal, tanto docente como no docente, de los centros educativos, y, en especial, la persona coordinadora de bienestar y protección.

f) Las personas que trabajen en recursos de acogimiento residencial para personas menores de edad en situación de desprotección, y en centros destinados a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal.

g) Las personas que trabajen en establecimientos, públicos o privados, en los que se encuentren, habitual o temporalmente, personas menores.

h) Las personas que trabajen en centros de acogida de asilo y atención humanitaria en los que se encuentren personas menores.

i) Las personas que trabajen en los centros, las entidades y los equipamientos, públicos o privados, que desarrollen actividades de educación física o deportivas con personas menores de edad.

j) Las personas que trabajen en los centros, las entidades y los equipamientos, públicos o privados, que desarrollen actividades de ocio con personas menores de edad.

k) Las personas que trabajen en servicios públicos y privados en los que se desarrollen funciones directamente vinculadas con la prevención, atención y protección en el ámbito de la infancia y la adolescencia.

2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tengan conocimiento o adviertan indicios de la existencia de una posible situación de violencia ejercida contra una persona menor de edad o de una posible situación de desprotección, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes.

3. Asimismo, cuando a causa de dicha violencia pueda resultar amenazada la integridad, la salud o la seguridad de la persona menor, deberán comunicarlo, de forma inmediata, a la Ertzaintza o a la Policía local, así como al Ministerio Fiscal.

4. Igualmente, deberán comunicar, de forma inmediata, a la Agencia Vasca de Protección de Datos las posibles infracciones de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor de edad o que afecten a los derechos de esta.

5. En todo caso, el personal sanitario pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, aquellas situaciones en las que haya una negativa a los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de la persona menor. Y, simultáneamente, le notificará estas mismas situaciones a la diputación foral competente, que valorará si es necesaria una intervención adicional a las medidas que se adopten judicialmente.

6. En los casos de mujeres gestantes en los que se valore que existe una situación de alto riesgo para la salud y las condiciones básicas de seguridad del bebé o de la bebé tras el nacimiento debido a los comportamientos durante el embarazo que lo colocan claramente en riesgo de enfermedades o anomalías físicas, mentales o sensoriales severas, la notificación se realizará, directamente, al servicio territorial de protección a la infancia y la adolescencia de la diputación foral competente, sin perjuicio de la notificación al Ministerio Fiscal.

7. En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo deberán prestar a la persona menor la atención inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, así como prestar su máxima colaboración a las autoridades u órganos competentes.

8. A los efectos anteriores, las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos adecuados para la notificación de sospecha de casos de personas menores de edad que sean víctimas de violencia y de una situación de desprotección, y el intercambio de información entre las distintas personas profesionales que deban intervenir.

§Artículo 18. Tratamiento de datos fundado en una obligación legal para el ejercicio de funciones públicas

1. Para la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el título VI de esta ley, y, en especial, para la adopción de las medidas de protección que se contemplan respecto de las personas menores de edad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los ayuntamientos y las diputaciones forales, en el ámbito de sus competencias de atención y protección a la infancia y la adolescencia, podrán solicitar, sin el consentimiento de la persona interesada o afectada y, en su caso, del padre y de la madre, de las representantes y los representantes legales o de las personas acogedoras y guardadoras, la información o los datos que resulten necesarios para valorar la situación de la persona menor, y, en coherencia con ello, proceder a la recogida y al tratamiento de la información o de los datos recabados.

2. La información o los datos podrán estar referidos tanto a la persona menor de edad como a sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras y guardadoras; y, en todo caso, deberán solicitarse de forma focalizada, especificándose, de forma expresa, el tipo y carácter de la información que se solicita y con qué finalidad. Y, de otro lado, la información o los datos que se faciliten deberán ser adecuados a la solicitud realizada, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para la que se solicitan.

3. En particular, estarán obligadas a facilitar la información solicitada las personas profesionales de los servicios sociales municipales, de los servicios territoriales de protección a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales, de los sistemas sanitario y educativo, de la Ertzaintza y la Policía local, y de las entidades privadas.

4. La información o los datos recabados por los servicios sociales municipales y por los servicios territoriales de protección a la infancia y la adolescencia podrán utilizarse única y exclusivamente para la adopción de las medidas de protección establecidas en la presente ley, atendiendo en todo caso a la garantía del interés superior de la persona menor de edad, y solo podrán ser comunicados a las administraciones o entidades públicas de protección de menores que hayan de adoptar las resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales.

5. Asimismo, la información o los datos recabados podrán ser cedidos, sin consentimiento de las personas interesadas, al Ministerio Fiscal, que los tratará para el ejercicio de las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico vigente para velar por la defensa de los derechos de las personas menores de edad.

§Artículo 19. Comunicación por parte de personas menores

1. Las personas menores que sean víctimas de violencia o que presencien alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, así como las que consideren encontrarse en situación de desprotección o sospechen que otra persona menor de edad se encuentra en tal situación, podrán comunicarlo, personalmente o a través de las personas progenitoras o cuidadoras, o de otra persona de su confianza y elección, siempre que no se observe que puede ser un riesgo para su interés superior, a los servicios sociales, tanto municipales como territoriales, a la Ertzaintza o la Policía local, así como al Ministerio Fiscal.

2. Con el fin de facilitar dicha comunicación, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, pondrá a disposición de las personas menores un servicio de orientación, asesoramiento e información telefónico o telemático, confidencial y anónimo, así como mecanismos o canales de información y denuncia seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles. Este servicio tendrá que publicitarse de forma que se dé a conocer a la ciudadanía y coordinarse con los distintos servicios, sistemas y administraciones públicas e instituciones que resulten competentes, a fin de que se activen los recursos necesarios para garantizar una protección efectiva de la persona menor.

3. Los centros educativos, en el marco de las actuaciones de prevención referidas en el artículo 134 de esta ley, informarán a su alumnado acerca de cómo pueden comunicar situaciones de violencia que observen en la escuela, ya sea dentro del horario escolar o finalizado este, o fuera de ella.

4. Las organizaciones deportivas y de ocio educativo y tiempo libre, en el marco de las actuaciones de prevención previstas en el artículo 136 de esta ley, informarán a las personas menores acerca de cómo pueden comunicar situaciones de violencia que observen.

5. Los establecimientos públicos o privados en los que habitualmente residan personas menores de edad les facilitarán en el momento de su ingreso toda la información referente a los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia aplicados en el centro, así como de las personas responsables en este ámbito; dicha información se mantendrá permanentemente actualizada. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que las personas menores puedan consultarla libremente en cualquier momento.

6. En todo caso, la previsión recogida en el apartado anterior será aplicable a centros educativos que cuenten con plazas en régimen de internado, a centros de acogimiento residencial del ámbito de la protección a la infancia y la adolescencia y a centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, o a cualquier otro tipo de centro que ofrezca atención residencial a personas menores de edad.

§Artículo 20. Confidencialidad y seguridad en las comunicaciones

1. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las siguientes medidas dirigidas a asegurar la confidencialidad, protección y seguridad en las comunicaciones de situaciones de violencia o desprotección que afecten a las personas menores de edad:

a) Establecerán mecanismos seguros, eficaces, adaptados y accesibles para garantizar la confidencialidad de las personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes situaciones de violencia o desprotección ejercida o que afecten a personas menores.

b) Cuando la persona informante sea menor de edad, e independientemente de que informe de una situación de violencia o desprotección que le afecte a ella misma, directa o indirectamente, o a otra persona menor de edad, los mecanismos para garantizar la confidencialidad deberán ajustarse a las condiciones establecidas en el artículo 26.2 de esta ley. Asimismo, deberán posibilitar a la persona menor de edad estar acompañada de una persona de su confianza que ella misma designe.

c) Velarán por la seguridad de las autoridades, de las personas profesionales vinculadas por el deber de comunicación cualificado y de los servicios públicos y personas físicas que, en el ejercicio de su deber de comunicación, hayan puesto en conocimiento de la autoridad competente una posible situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, o de desprotección en la que esta se encuentre. En particular, velarán por la seguridad de aquellas que por su profesión o funciones estén en relación con la persona menor, en los procedimientos administrativos particularmente conflictivos.

2. Los centros educativos y los centros en los que habitualmente se encuentren personas menores de edad adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de las personas menores que comuniquen una situación de violencia.

3. La Ertzaintza y la Policía local adoptarán, de forma inmediata, todas las medidas provisionales de protección de las personas denunciantes que resulten adecuadas y pertinentes en atención a las circunstancias del caso.

4. La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, cuando lo estime necesario en atención al riesgo o peligro que derive de la formulación de denuncia de una situación de violencia contra personas menores.

§Artículo 21. Deber de reserva

1. Las administraciones públicas vascas, las entidades privadas, y las personas profesionales que intervengan en el ámbito de la prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia o en la detección, la intervención y la recuperación de las personas menores víctimas de violencia, así como en el ámbito de la prevención, la detección y la protección de personas menores en riesgo o situación de desamparo, deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de la información con la que cuenten, así como de los ficheros y registros en los que conste dicha información, en los términos regulados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sin que, en ningún caso, puedan difundir datos personales de aquellas ni otras informaciones que permitan su identificación.

2. El deber de reserva regulado en el apartado anterior se hace extensivo, en especial, a las autoridades y a las personas que, por su profesión, oficio o funciones o actividades que desarrollan, conozcan casos en que podría existir o se haya constatado un caso de violencia o una situación de riesgo o de desamparo, o tengan acceso a la información mencionada en el párrafo anterior.

3. En aquellos casos en los que exista un conflicto entre el interés superior de la persona menor de edad y el deber de confidencialidad de la información establecido en materia de protección de datos personales, primará el interés superior de la persona menor de edad.