Título VIII. Responsabilidades

§Artículo 144. Responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Generalitat

Los altos cargos o asimilados, el personal directivo del sector público de la Generalitat y el personal al servicio del sector público de la Generalitat, definido en el artículo 2.1 de esta ley, que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley, están obligados a indemnizar a la hacienda pública de la Generalitat o, en su caso, a la respectiva entidad de los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.

§Artículo 145. Infracciones

1. Constituyen infracciones a los efectos del artículo anterior:

a) Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.

b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en Tesorería.

c) Comprometer gastos, reconocer obligaciones, y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en esta ley o en la de presupuestos que sea aplicable.

d) Dar lugar a pagos indebidos de acuerdo con el artículo 62 de esta ley.

e) No justificar la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 63 y 64 de esta ley y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

f) Cualquier otro acto o resolución con infracción de esta ley, cuando concurran los supuestos establecidos en el artículo 144 de esta ley.

2. Las infracciones tipificadas en el apartado anterior darán lugar, en su caso, a la obligación de indemnizar establecida en el artículo anterior.

§Artículo 146. Tipos de responsabilidad

1. Cuando el acto o la resolución se dictase mediando dolo, la responsabilidad alcanzará a todos los daños y perjuicios que conocidamente deriven de la resolución adoptada con infracción de esta ley.

2. En el caso de culpa grave, la responsabilidad solo alcanzará a los daños y perjuicios que sean consecuencia necesaria del acto o resolución ilegal.

A estos efectos, la Administración tendrá que proceder previamente contra los particulares para el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

3. La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el acto será mancomunada, excepto en los casos de dolo, que será solidaria.

§Artículo 147. Responsabilidad de los interventores y ordenadores de pagos

En las condiciones fijadas en los artículos anteriores, están sujetos a la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública de la Generalitat o, en su caso, a la respectiva entidad, además de las personas que adopten la resolución o realicen el acto determinante de aquélla, los interventores en el ejercicio de la función interventora, respecto a los extremos a los que se extiende la misma, y los ordenadores de pago que no hayan salvado su actuación en el respectivo expediente, mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución

§Artículo 148. Órgano competente y procedimiento

1. En el supuesto previsto en el artículo 145.1.a la responsabilidad será exigida por el Tribunal de Cuentas, mediante el oportuno procedimiento de reintegro por alcance, de conformidad con lo establecido en su legislación específica.

En los demás supuestos, y sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas a los efectos prevenidos en el artículo 41, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/1982, la responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido a las personas que ostenten la condición de interesado.

2. El acuerdo de incoación, el nombramiento de la persona responsable de la instrucción y la resolución del expediente corresponderán al Consell cuando se trate de personas que, de conformidad con el ordenamiento vigente, tengan la condición de alto cargo o asimilado, y en los demás casos a la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda.

3. La resolución que, previo informe de la Abogacía General de la Generalitat, ponga fin al expediente tramitado con audiencia de los interesados, se pronunciará sobre los daños y perjuicios causados a los bienes y derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat o, en su caso, de la entidad, imponiendo a los responsables la obligación de indemnizar en la cuantía y en el plazo que se determine.

4. El plazo máximo para dictar la resolución será de doce meses, contados desde el día siguiente al de notificación del acuerdo de incoación.

5. Dicha resolución será recurrible ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

§Artículo 149. Régimen jurídico de los perjuicios causados

1. Los perjuicios declarados en los expedientes de responsabilidad, tendrán la consideración de derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat o del ente respectivo.

Dichos derechos gozarán del régimen a que se refiere el artículo 10 de esta ley y se procederá a su cobro, en su caso, por la vía de apremio.

2. La Hacienda Pública de la Generalitat o, en su caso, la entidad correspondiente tienen derecho al interés previsto en el artículo 16 de esta ley, sobre el importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios a sus bienes y derechos, desde el día que se irroguen los perjuicios. Cuando por insolvencia del sujeto deudor directo se derive la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calculará a contar del día en que se les requiera el pago.

§Artículo 150. Diligencias previas

Tan pronto como se tenga noticia de que se ha producido un hecho constitutivo de las infracciones a que se refiere el artículo 145 de esta ley, o hayan transcurrido los plazos señalados en los correspondientes artículos de esta ley sin haber sido justificadas las órdenes de pago o los fondos a que el mismo se refiere, la persona que ostente la jefatura de los presuntos responsables y los sujetos ordenadores de pagos, respectivamente, instruirán las diligencias previas y adoptarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat o los de la respectiva entidad, dando inmediato conocimiento a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, al Tribunal de Cuentas o a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda, en cada caso, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.

§Artículo 151. De la Intervención

Las intervenciones delegadas, a través de la Intervención General de la Generalitat, estarán obligadas a comunicar todas aquellas infracciones de lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley, a los órganos competentes para la incoación de expedientes administrativos de determinación de responsabilidades.

La comunicación a que se refiere el párrafo anterior deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de quince días desde que tuviera conocimiento de los actos, contratos o documentos que pudieran dar origen a la presunta infracción.