Título VI, Capítulo III. Detección y valoración de la desprotección

§Artículo 170. Deber general de auxilio y atención inmediata

1. Las personas sujetas al deber de comunicación de la ciudadanía contemplado en el artículo 16 de esta ley deberán prestar el auxilio inmediato que precise la persona menor cuya situación es objeto de la comunicación.

2. Las autoridades y personas profesionales sujetas al deber de comunicación cualificado contemplado en el artículo 17 de esta ley tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise la persona menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado del caso a la autoridad u órgano competente. En ese caso, le facilitarán toda la información de que dispongan.

3. En particular, cuando existan indicios de peligro inminente y grave para la vida, la integridad, la salud o la seguridad de una persona menor se tomarán las medidas inmediatas de protección que las circunstancias requieran, incluida, si procede, la retención de la persona menor de edad en el centro o servicio sanitario, así como en el centro educativo, según se trate, hasta que la autoridad competente se haga cargo de ella o determine la medida a adoptar.

4. En todo caso, la adopción de dicha medida de retención atenderá al interés superior de la persona menor de edad y a los principios de necesidad y proporcionalidad, ponderados conjuntamente, de tal forma que no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

5. Las medidas de retención en el centro o servicio sanitario serán igualmente aplicables respecto de recién nacidos o nacidas cuando con carácter previo al nacimiento se haya realizado la declaración de desamparo sobre el concebido o concebida, en los términos que se establecen en el artículo 193.4 de esta ley.

§Artículo 171. Ejercicio de la atención inmediata en el ámbito de los servicios sociales

1. En cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata prevista en el artículo anterior, las diputaciones forales podrán asumir la guarda provisional de una persona menor de edad mediante resolución administrativa, debiendo comunicarlo al Ministerio Fiscal, y podrán proceder simultáneamente a practicar las diligencias precisas para identificar a la persona menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de desamparo.

2. Asimismo, cuando existan dudas acerca de si una persona es o no menor de edad, podrán instar al Ministerio Fiscal la práctica de diligencias dirigidas a la averiguación y determinación de la edad. En todo caso, en tanto se determina su edad se considerará que es menor de edad a los efectos previstos en esta ley.

3. En el caso de que concurra la situación anterior, el Ministerio Fiscal deberá sujetar su actuación a los siguientes criterios:

a) Realizará un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable.

b) La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado de la persona afectada y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente. En ningún caso se realizarán desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas.

4. Cuando concurran razones de urgencia, la actuación de las diputaciones forales será inmediata, y comprenderá la obligatoriedad de asumir la guarda provisional, así como la adopción de cualquier otra medida que resulte necesaria para preservar los derechos de la persona menor de edad. Se considerará que concurren razones de urgencia cuando existan indicios de peligro inminente y grave para la vida, la integridad, la salud o la seguridad de una persona menor.

5. La atención inmediata a la que se refiere el apartado anterior no estará sujeta a los requisitos procedimentales ni de forma previstos en el artículo 207 de esta ley. En todo caso, esta actuación tendrá un carácter excepcional y se entiende sin perjuicio del deber de prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato que precisen, así como de la posterior formalización de las medidas que se hayan adoptado.

6. Las diputaciones forales garantizarán los derechos reconocidos en esta ley a las personas menores de edad desde el momento en que accedan por primera vez a un recurso de protección y proporcionarán una atención inmediata integral y adecuada a sus necesidades; a tal efecto, evitarán la prolongación de las medidas de carácter provisional y de la estancia en los recursos de primera acogida.

7. Una vez adoptada la medida de guarda o tutela respecto a personas menores de edad que hayan llegado solas al territorio nacional y se encuentren en la Comunidad Autónoma del País Vasco, las diputaciones forales comunicarán la adopción de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de su inscripción en el registro estatal correspondiente.

§Artículo 172. Recepción del caso y valoración de la situación detectada

1. Cuando las posibles situaciones de desprotección sean comunicadas a los servicios sociales municipales, estos deberán proceder a la recepción del caso y realizarán la primera investigación y la valoración inicial de la situación detectada.

2. En aquellos casos en los que la comunicación se haya realizado directamente a los servicios territoriales de protección a la infancia y la adolescencia de las diputaciones forales, estas procederán a su derivación al ayuntamiento correspondiente en función del domicilio de residencia de la persona menor, salvo cuando los hechos comunicados sean de tal gravedad que hagan sospechar que la persona menor se encuentra en situación de riesgo grave o desamparo, en cuyo caso serán los propios servicios territoriales quienes procederán a la valoración.

3. En todo caso, la determinación de la existencia de desprotección y su identificación como situación de riesgo o desamparo se realizará, en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante la aplicación de un instrumento técnico validado al efecto para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección y su calificación como riesgo leve, riesgo moderado, riesgo grave o desamparo y aprobado por el Gobierno Vasco en desarrollo de esta ley.

4. Cuando la valoración determine que se trata de una situación de riesgo leve o moderado, la atención del caso corresponderá a los servicios sociales municipales.

5. En los supuestos en los que, en el marco de la valoración realizada o durante el propio proceso de valoración, se observen indicios de riesgo grave o se identifique una posible situación de desamparo en la que se considere necesaria una intervención de protección de urgencia, deberán derivarla al servicio territorial de protección a la infancia y la adolescencia de la diputación foral competente en el territorio histórico de residencia de la persona menor, que deberá proceder a la recepción del caso, así como a su investigación y valoración complementaria con el fin de determinar la gravedad.

§Artículo 173. Expediente administrativo

1. Cada persona menor con respecto a la cual se inicie un procedimiento de protección tendrá asignado un código individualizado de identificación, y, en función de los procedimientos tramitados, este código podrá contener, entre otros, los siguientes expedientes específicos:

a) De información y actuaciones previas dirigidas a la valoración de las circunstancias concretas del caso.

b) De riesgo, independientemente de que se haya declarado dicha situación.

c) De desamparo y tutela.

d) De guarda, en sus distintas modalidades, con excepción de la guarda vinculada al ejercicio de la tutela y de la guarda con fines de adopción.

e) De acogimiento familiar.

f) De acogimiento residencial.

g) De adopción, incluida la delegación de guarda con fines de adopción.

h) De seguimiento posterior al cese de la medida.

i) De gestión económica y patrimonial.

j) De gestión de la documentación acreditativa de la identidad.

k) De atención sanitaria.

2. Cada uno de los expedientes anteriores podrá integrar, a su vez, piezas separadas.

3. Cada persona menor podrá tener varios expedientes de una misma tipología.

4. Se podrá duplicar información para que conste simultáneamente en varios expedientes cuando se considere conveniente.

5. Las medidas adoptadas con posterioridad a la mayoría de edad de las personas menores podrán incluirse en un expediente específicamente dedicado a ellas o constituir una pieza separada en otro expediente, dependiendo de la organización de cada administración.

§Artículo 174. Conservación del expediente administrativo

1. Los expedientes referidos en el artículo anterior tendrán formato electrónico.

2. El expediente o, en su caso, los distintos expedientes que se incoen en relación con una persona menor deberán permanecer abiertos hasta que finalice la actuación protectora o hasta la mayoría de edad, salvo que, con posterioridad a esta, la persona siga accediendo a servicios o apoyos provistos desde el ámbito de la protección a la infancia y la adolescencia.

3. La guarda y custodia del expediente se realizará mediante su archivo, con la garantía de ponerlo, en su totalidad o en la parte que corresponda, a disposición de las entidades públicas de protección de menores o las autoridades judiciales que lo requieran, así como de la persona interesada cuando lo solicite.

4. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.

5. La documentación se conservará durante un mínimo de cincuenta años contados a partir de la fecha en que la persona alcance la mayoría de edad o, en su caso, el periodo que determine el ordenamiento jurídico vigente.

§Artículo 175. Actuaciones en relación con personas menores residentes en el extranjero

1. Cuando se detecte una situación de posible desprotección de una persona menor de nacionalidad española que se encuentre fuera del territorio nacional, para su protección en España será competente la entidad pública de protección de personas menores correspondiente a la comunidad autónoma en la que residan la persona o personas progenitoras, las representantes y los representantes legales o las personas acogedoras o guardadoras de la persona menor.

2. En defecto del criterio anterior, será competente la entidad pública correspondiente a la comunidad autónoma con la cual la persona menor de edad o sus familiares tengan mayores vínculos.

3. Cuando no pudiera determinarse la competencia conforme a los criterios anteriores, será competente la entidad pública de la comunidad autónoma en la que la persona menor o sus familiares hayan tenido su última residencia habitual.

4. En todo caso, cuando la persona menor que se encuentra fuera de España haya sido objeto de una medida de protección previamente a su desplazamiento, será competente la entidad pública que ostente su guarda o tutela. En estos casos asumirá la competencia desde el momento en que se encuentre en España.